Los abajo firmantes, profesores universitarios comprometidos con la labor educativa en República Dominicana, queremos manifestar públicamente nuestra opinión acerca del proceso de evaluación que el MESCyT está llevando a cabo sobre la «Meta Presidencial sobre Formación Docente para la Excelencia». Este plan se diseñó para el cuatrienio 2016-2020 y se proponía formar 20 mil docentes de calidad para el nivel preuniversitario. Para esta evaluación, se ha tomado como eje principal la revisión de la Normativa para la Formación Docente de Calidad en la República Dominicana (Normativa 09-15).

El 22 de diciembre de 2020, el actual ministro de educación superior, mediante la comunicación MESCYT-DESP-1424-2020, ordenaba a los rectores de universidad abstenerse de programar e iniciar nuevas carreras de educación de acuerdo con esta normativa. Días después se informaba mediante la comunicación VMES-029-2021 que no se estaría impartiendo la Prueba de Aptitud Académica (PAA) como requisito de ingreso para dichas carreras. Debido al marco normativo vigente, esta comunicación cortaba repentinamente el flujo de admisión de nuevos estudiantes a las carreras ya abiertas en las universidades.

Ambas comunicaciones señalaban que el MESCyT estaba a la espera de un informe de la evaluación de esta meta que recibiría en el mes de marzo de 2021. Sin embargo, todo parece apuntar en una sola dirección: se busca anular la Normativa 09-15.

En el ámbito académico, incluso más que en cualquier otra esfera social, estas evaluaciones orientadas a revisar y mejorar normativas, regulaciones, planes de estudio, etc. son habituales y deseables. Es nuestro interés que este proceso evaluativo se haga con el propósito correcto, a saber, mejorar la calidad de la educación dominicana. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que la Normativa 09-15 es de aplicación reciente y aún no contamos con evidencias suficientes para enjuiciarla. Las razones que se han adelantado para su posible eliminación alarmarían a cualquier conocedor de políticas educativas.

De acuerdo con declaraciones de prensa, la evaluación de la meta presidencial surge por una solicitud de la Asociación Dominicana de Universidades (ADOU) y de la Asociación Dominicana de Rectores de Universidades (ADRU). Estas asociaciones aducen que la Normativa 09-15 ha hecho mucho daño a la formación docente en el país, básicamente porque no ha permitido ingresar a la carrera de educación a la mayoría de los candidatos que se han sometido a las pruebas de admisión establecidas por la Normativa. No basta con esgrimir cuántos estudiantes se han graduado en estos años; muchos todavía están cursando la carrera de educación bajo la nueva normativa y hay que esperar sus resultados. La verdadera cuestión que se debe responder es cuántos y qué tipo de docentes necesitamos.

La Normativa 09-15 describe el perfil de ingreso para los estudiantes de los programas de formación docente. En el capítulo VI, explica cómo se estructura la prueba de admisión: «Se establece con carácter obligatorio y sin excepción alguna, el examen de admisión para cada estudiante que aplique a carreras relacionadas a la formación docente, el cual debe medir si los estudiantes poseen las competencias requeridas para iniciar estudios a nivel superior en la formación docente. Esta prueba contiene dos componentes: a) prueba de Orientación y Medición Académica (POMA) y b) prueba estandarizada reconocida internacionalmente en procesos de selección de estudiantes para ingresar a estudios a nivel superior, validadas para su aplicación a nivel nacional». La prueba internacional que actualmente se está aplicando es la Prueba de Aptitud Académica (PAA) del College Board.

En realidad, esta disposición de la Normativa 09-15 no responde a la Meta Presidencial sobre Formación Docente para la Excelencia. Concreta uno de los acuerdos del Pacto Nacional de la Reforma Educativa en la República Dominicana (2014-2030). En el numeral 5.1.6 del Pacto se acordó: «Implementar, con carácter obligatorio, una prueba de ingreso validada para los programas de formación de docentes, la cual debe medir si los estudiantes poseen los conocimientos, la vocación y las habilidades requeridos para iniciar estudios a nivel terciario en el área del magisterio».

Los criterios que actualmente se utilizan para la admisión de los estudiantes son producto, pues, de un pacto nacional que busca mejorar la educación dominicana. Es evidente que la selectividad que se deriva de su aplicación afecta el volumen de la matrícula estudiantil. Y es comprensible la presión económica que sufren las universidades, que han visto afectadas sus finanzas por esta reducción de la matrícula, así como por los altos estándares que exige la Normativa 09-15 para su implementación.

Sin embargo, entendemos que la solución a este desbalance financiero no puede apuntar a relajar los mecanismos consensuados en el Pacto Educativo de 2014 para mejorar la calidad de nuestros docentes. En esta búsqueda de calidad hay que poner límites a la admisión indiscriminada y masiva a la carrera de educación. No es racional ni ético escamotear el objetivo que inicialmente se planteó la sociedad dominicana a través de un proceso dialógico de concertación. Los tratamientos más efectivos pueden ser dolorosos, pero no por eso debemos renunciar a ellos.

Proponemos las siguientes soluciones alternativas para salir a buen camino:

Mejorar y ampliar los programas de nivelación académica que se ofrecen a los estudiantes para superar la prueba de admisión. El Instituto Superior de Formación Docente (ISFODOSU) ha implementado con éxito programas formativos previo a y durante el proceso de admisión. Los resultados de estos programas le han permitido implementar la Normativa 09-15 al tiempo que han estabilizado la matrícula estudiantil. Se podrían financiar estos programas bajo ciertos requisitos.

Concertar nuevas estrategias para aumentar la cantidad de postulantes a las carreras de educación. Para lograr esto, es necesario hacer aún más atractiva la carrera de educación, lo que podría incluir mejores condiciones de vida de los maestros y de trabajo en las escuelas. Las estadísticas actuales nos dicen que la cantidad de postulantes tiene espacio para crecer.

Renegociar las condiciones del financiamiento de los programas de educación. Además de los requerimientos para la admisión de estudiantes, la Normativa 0915 exige un número mínimo de profesores a tiempo completo, que un porcentaje de los créditos sea ofrecido por doctores, y la disponibilidad de recursos infraestructurales y servicios específicos para la carrera. Todo esto tiene costos que cargan las finanzas de las universidades. Si la mengua de estudiantes afecta la sostenibilidad financiera de las universidades, la renegociación es una alternativa razonable.

Reafirmemos nuestro propósito de alcanzar una educación de calidad en suelo dominicano. Que las urgencias económicas de nuestras instituciones de educación superior no confundan su razón de ser, a saber, aportar a la mejoría de la sociedad a través de la investigación y la formación de profesionales competentes y comprometidos. En ese empeño, la formación de docentes para la enseñanza preuniversitaria es una pieza clave y sumamente delicada. Como toda política pública, necesita tiempo. No actuemos con premura, que todo el sistema educativo puede venirse abajo.

Patricia Matos Lluberes

Dalul Ordehi

David A. Capellán

Luisa Taveras

Natalia González Tejera

Pablo Mella

Rosalina Perdomo

Dulce Rodríguez

Ana Margarita Haché

Samuel Bonilla

Pablo Smester

Cledenin Veras

Ligia Henríquez

Ana Ramírez

David Hernández Martich

Carina Villar

César Pérez

Sandra González Pons

Navia Peña

María del Mar González

Magdalena Lizardo Espinal

Raymundo González de Peña

Julián Valdés

Elisa González

Cheila Valera

Emelinda Padilla

Gabriela Flaquer

Josefina Zaiter

Rocío Hernández

Hilda Karina Abreu

Jeanette Chaljub

Ana Elizabeth Reyna

Ángela Español

Laura Lehoux

Mukien Sang Ben

Prudencio Piña