El proyecto de la Ley de Extinción de Dominio tiene diez años dando vueltas en el Congreso Nacional. La semana pasada fuimos testigos del relajo a que ha sido sometido ese proyecto de ley. Esperábamos que caminara hacia su aprobación. Sin embargo, la propuesta de ley sufrió otro revés.

 

Los perremeístas y peledeístas se acusaron mutuamente de quién pone zancadillas: mientras unos boicotean y otros lucen irresponsables. Tres obstáculos los mantienen divididos: la elusión fiscal, la corrupción administrativa y la retroactividad.

 

La institucionalidad en juego

 

Es un deseo nacional tener una Ley de Extinción de Dominio, un Código Penal reformado y una ley de Compras y Contrataciones, también reformada. Con estas piezas el país daría pasos firmes para combatir la impunidad y fortalecer la institucionalidad. Necesitamos la Ley de Extinción de Dominio para seguir el rastro a los bienes ilícitos en poder del crimen organizado, trata de personas, contrabando y la corrupción administrativa hicieron.

 

El 27 de febrero pasado, el presidente Luis Abinader solicitó a los legisladores aprobar prontamente la Ley de Extinción de Dominio. Cuatro meses después es evidente que no existe voluntad política para aprobar la iniciativa. Los legisladores se resisten a que se investigue un bien desde sus orígenes. Prefieren montar un circo lingüístico con palabras como “retroactividad”, “atemporalidad”, “retrospectividad”.

 

¿Qué podemos esperar de un congreso que prefiere mirar sus ombligos y dejan de lado las necesidades de la sociedad dominicana? Mientras ellos disfrutan de seguro de salud y pensiones privilegiadas –y hasta se excluyeron del régimen de seguridad social que funciona para los ciudadanos de a pie, pero NO para ellos-, reciben sus “cofrecitos” y “barrilitos”, sus exoneraciones para importar vehículos de lujo, entre otros beneficios, costeados con el sudor de los contribuyentes. Quizás por esa razón, tenemos un Congreso y partidos políticos, con tan baja tasa de aprobación.

 

 Las leyes que tenemos en lista de espera son: el Código Penal, la reforma a ley de Seguridad Social, Ley de Ordenamiento Territorial, Ley de Compras y Contrataciones, Ley de Agua, entre otras.

 

No obstante, el Congreso aprueba en varias horas la creación del Instituto del Coco, intenta aprobar en minutos una nueva provincia y en segundos intentan blindarse con una Ley “Mordaza”. Llamamos a los legisladores a que se dediquen a las funciones para las que fueron electos y así no tendrían que estar preocupándose por cuidar su propia imagen. Si se enfocan en lo que son sus responsabilidades como legislar y fiscalizar, sería la misma sociedad quien los protegería.

 

Presión externa e interna

 

La famosa ley de Lavados de Activos fue aprobada después de años de debates infértiles y por presión del exterior. Sólo cuando algunas embajadas de “peso” se pronunciaron, el Congreso aprobó esa ley. Parece que estamos en la misma situación. La Ley de Extinción de Dominio se aprobará cuando se profundice la presión externa. Con la ley de Compras y Contrataciones, la presión la tiene el gobierno en el terreno interno. Esta ley significa transparencia, palabrada usada hasta la saciedad en este gobierno. Con opacidad, la institucionalidad del país estaría minado.

 

Este Congreso tiene la oportunidad de casarse con la gloria aprobando esas leyes. Desde el Centro Juan Montalvo exigimos la rápida aprobación de la Ley de Extinción de Dominio, la reforma al Código Penal, la ley de Compras y Contrataciones, Ley de Ordenamiento Territorial, y la reforma a la ley de Seguridad Social. Cada día que pasa sin que se aprueben estas leyes es un abono al derroche de recursos que el país necesita para empezar a pagar la enorme deuda social acumulada.

 

En los principios de la Doctrina Social de la Iglesia, tiene, señores legisladores, un horizonte de sentido para que ustedes nos ayuden a tener vida y vida en abundancia. La dignidad de la persona humana es el fundamento del bien común, de la subsidiaridad y de la solidaridad. La responsabilidad de edificar esos principios y guiarse por ellos, compete, además de las personas particulares, también al Estado, porque el bien común, la subsidiaridad y la solidaridad son la razón de ser de la autoridad política.

 

 

Santo Domingo, D.N., 1 de julio de 2022

Padre Francisco Escolástico Javier, S.J.

Director Ejecutivo del Centro Juan Montalvo