El evento reunió activistas, científicos y representantes de comunidades para analizar los impactos de la minería metálica y no metálica en las cordilleras del país. 

Santiago. El Centro Montalvo SJ en el marco de su agenda de defensa del cuidado de la Casa Común , los derechos de las comunidades y la protección de los ecosistemas del país, realizó el tercer foro virtual «Las amenazas de la explotación minera en la vertiente norte de la Cordillera Central y Septentrional«, un espacio de análisis y articulación que reunió a especialistas, líderes comunitarios, organizaciones sociales y ambientalistas del país. 

La actividad, organizada juntamente con la Coordinadora Nacional Popular, la Coalición Ambiental Del Noroeste (COANOR), Asamblea Ambiental de Dajabón (ANDA), y la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, permitió examinar los impactos sociales, ambientales y económicos que genera la expansión de la minería metálica y no metálica en zonas de alta fragilidad ecológica de la República Dominicana. Durante el encuentro, expertos en ciencias ambientales, representantes comunitarios y defensores del territorio coincidieron en que la explotación minera representa una de las principales amenazas para la conservación de las fuentes hídricas, la biodiversidad y la calidad de vida de miles de familias que dependen de los recursos naturales para su subsistencia. 

El ingeniero Eduardo Rodríguez presentó la ponencia central, donde  destacó que la protección del patrimonio natural constituye una responsabilidad colectiva y un compromiso con las futuras generaciones. En ese sentido, reiteró que el desarrollo económico del país debe sustentarse en criterios de sostenibilidad, respeto a los derechos humanos, transparencia y participación ciudadana. Asimismo, líderes comunitarios compartieron testimonios sobre las consecuencias sociales derivadas de proyectos mineros en distintas localidades del país, incluyendo procesos de desplazamiento de familias, afectaciones a la producción agrícola y preocupaciones por posibles impactos sobre la salud y el acceso al agua. 

Durante la ponencia, el ingeniero Rodríguez comunicó que el país acumula 187 concesiones, sin que prácticamente ninguna cuenca o cordillera quede libre. Por lo que aprovecho para realizar un llamado a las autoridades del Estado dominicano a que las decisiones relacionadas con el aprovechamiento de los recursos naturales se desarrollen con pleno respeto al marco constitucional, la legislación ambiental vigente y los principios de justicia ambiental, garantizando procesos de consulta, acceso a la información y participación efectiva de las comunidades potencialmente afectadas. 

Como resultado del encuentro, las organizaciones participantes coincidieron en la necesidad de fortalecer la articulación nacional del movimiento socioambiental para defender los territorios y promover una mayor vigilancia ciudadana sobre las actividades extractivas.

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