El Foro Centroamérica Vulnerable Unida por la Vida (FCV-UV), deplora la sentencia del Tribunal Constitucional la República Dominicana con la que desvincula al país de la comunidad Internacional, sentando una jurisprudencia definitiva que declara no conforme con la Carta Magna el Acuerdo de Escazú.

Expresa que el Acuerdo de Escazú es el instrumento jurídico regional más importante sobre derechos humanos, por lo que exige al Tribunal Constitucional rectificar la sentencia que declaró no conforme con la Carta Magna, y de esa forma restituir las relaciones armónicas con la comunidad internacional.

La plataforma ciudadana regional, que promueve justicia climática, derechos humanos y ambientales, y que está compuesta por más de 200 organizaciones de la sociedad civil de centroamericana, considera que esos argumentos no se corresponden con la verdad, pues la normativa regional no entra en contradicción con los fundamentos de la institucionalidad dominicana y más bien amplía el estado de derecho.

El comunicado fue estructurado por Guido Calderón, coordinador de la Asociación para la Educación y el Desarrollo, Carolina Amaya, de la Unidad Ecológica Salvadoreña y Darío Solano, de la Asamblea Ciudadana por la Justicia Climática.

“La Coalición Dominicana por la Ratificación del Acuerdo de Escazú ha rechazado los argumentos del Tribunal Constitucional para declarar el Acuerdo de Escazú no conforme con la Constitución del país tras los supuestos alegatos que afecta el principio de soberanía nacional”, expresa el foro en un comunicado.

Señalan que el Tratado de Escazú asume la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para resolver controversias y situaciones sobre el acceso a la información, la participación pública, acceso a la justicia y protección de los defensores ambientales.

La posición del Foro Centroamérica Vulnerable Unida por la Vida (FCV-UV), fue planteada en el contexto del Encuentro Regional sobre Cambio Climático desarrollado del 6 al 8 de marzo en la ciudad de Antigua, Guatemala con participación de delegaciones de Honduras, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Costa Rica y República Dominicana.

Dicen que sus acciones están orientadas a promover la agenda de Desarrollo Sostenible con énfasis en la integridad ambiental, cambio climático, agua, seguridad alimentaria, biodiversidad, energía y lucha contra el extractivismo.

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